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CONSEGUIMOS EL ARCHIVO DE LAS DOS MULTAS IMPUESTAS A NUESTRA CLIENTE POR TENER UN PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO SIN LAS MEDIDAS ADECUADAS

 

La Guardia Civil de Granada, en concreto la del puesto de La Zubia, había propuesto para sanción a nuestra cliente por tener dos perros potencialmente peligrosos por, según ellos, no estar debidamente inscritos en el registro correspondiente, no estar con el cuidado adecuado y estar mutilados al haberles cortado las orejas.

Fruto de esta sanción, se inició el correspondiente expediente sancionador a nuestra cliente, para proponerle una sanción de 6.000 euros según el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de protección de los animales.

Frente a dichas propuestas de sanciones, en total fueron dos distintas, formulamos las oportunas alegaciones ante la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, solicitando el archivo de las sanciones y que las mismas no se dictaran contra nuestra cliente.

Los agentes de la Guardia Civil acudieron a la vivienda supuestamente vinculada a nuestra cliente como parte de la investigación de un posible delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico por cultivo de marihuana, atribuyéndose la perpetración de los hechos constitutivos de los mismos a otra persona totalmente distinta. 

Igualmente, el Juzgado de Instrucción de Granada acordó el sobreseimiento y archivo de la causa penal contra nuestra cliente ya que la misma únicamente era la propietaria de la vivienda en que se realiza el registro, no siendo esta su residencia actual ni habitual.

La propuesta de sanción elaborada por parte de la Guardia Civil se basaba en el incumplimiento de dispuesto en el artículo 4 de la ley, siendo el mismo el siguiente:

Artículo 4. Prohibiciones.

  • Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la presente Ley, queda prohibido:
  1. d) Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.

 En base a dicho artículo, alegamos que siempre sería el propietario o poseedor del animal el que, de conformidad los citados preceptos, puede tener la condición de infractor en procedimiento incoado contra nuestra clienta.

Por ello, tras el correspondiente estudio de las alegaciones que formulamos y los documentos que aportamos, la Junta de Andalucía y de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa acordó el sobreseimiento y archivo de la multa impuesta a nuestra cliente, dejando sin efecto la propuesta de 6000 euros formulada por la Guardia Civil de Granada.

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