Este protocolo constituirá un anexo a lo que ya se viene estableciendo desde 2020, ya que Andalucía cuenta con un Protocolo Andaluz de Atención Sanitaria Frente a las Agresiones Sexuales. No obstante, este nuevo protocolo, es específico para aquellas situaciones en las que pueda existir una sospecha de sumisión química (SQ) (ya sea con agresión sexual o sin ella), con la finalidad de poder realizar una adecuada valoración, actuación y seguimiento de cada caso teniendo en cuenta las políticas, prácticas y procedimientos legales preceptivos.

De este modo, el protocolo fija el modo de actuación frente a estos hechos, estableciendo como debe ser la comunicación y coordinación entre los profesionales del ámbito sanitario, Medicina Forense, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los demás agentes implicados en la actuación y atención de posibles situaciones de sumisión química.

Este protocolo elaborado por La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, en colaboración con la escuela andaluza de Salud Pública ofrece aspectos conceptuales, legales, epidemiológicos y clínicos de la sumisión química, el abordaje sanitario y pautas de actuación ante una sospecha de sumisión química, estableciendo un protocolo de actuación independiente ante aquellos casos en los que exista una sospecha de sumisión química, diferenciando las actuaciones según se lleven a cabo en centros de Atención Primaria o Centros de Salud, servicios de urgencias de Atención Primaria o en Urgencias de Centros Hospitalarios de ciudades o comarcales.

Además, se establecen pautas concretas de actuación para los casos de sumisión química por objeto punzante y para los casos de sumisión química con agresión sexual.

En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, la sumisión química es la anulación de la voluntad de la víctima a través del uso de drogas, fármacos o cualquier sustancia de similares características con la finalidad de cometer un ataque contra la libertad sexual.

Con la última reforma del Código Penal, conocida como “Solo si es si”, el artículo 180. 1. 7ª regula una agravante específica por este tipo de hechos, pudiendo fijar penas de hasta 15 años de prisión por tales hechos.